El juicio por YPF entre Argentina y el fondo Burford Capital suma un nuevo capítulo a partir del pedido de Burford de transferir a su favor el 51% de las acciones de la petrolífera que corresponden al Estado Nacional, por lo tanto la petrolera del estado pasaría a manos privadas.
La solicitud fue enviada a la jueza de Nueva York Loreta Preska y se sostiene en el incumplimiento del fallo que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares como resarcimiento de su estatización del 2012.
Burford también obtuvo los derechos de Petersen Energía, empresa perteneciente a la familia Eskenazi y a la cual asociaría en un 30% del cobro si la justicia falla a su favor. A su vez, piden que queden a su nombre todas las acciones que tiene el Estado argentino en YPF.
Meses atrás, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.
Luego, por haber emitido una opinión técnica sobre el caso en 2021, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se excusó de intervenir en el juicio.
