Muchos son los puntos a desagregar del Megadecreto de Javier Milei que plantea otra organización social y económica del país sin pasar por el Congreso de la Nación. Dentro de la intención de venta de Sociedades del Estado, el "Banco Nación" es una de las cotizadas y para sembrar el camino de la futura venta planeada por el actual presidente, comenzó con el vaciamiento de la entidad. Detrás del sintético artículo 13 del DNU de desregulación de Javier Milei se bosqueja una de las dos reformas que podrían reconfigurar la posición en el sistema nacional del la mayor entidad bancaria del país, con sucursales en todas las localidades y 17.000 empleados.
“Derógase el artículo 2° de la Ley N° 21.799”, dice el único renglón del decreto en su Capítulo 1. De concretarse esta decisión del flamante presidente, el banco podría perder su fuente exclusiva de fondeo barato.
Es que, gracias a esta ley de Videla y Martínez de Hoz -que también le dio al ente financiero su Carta Orgánica previa a la de 1992-, todos los Tribunales Federales de la Nación a excepción de los de la Capital Federal quedaban obligados a constituir los depósitos judiciales en la institución.
Esto es, le aseguraba no tener que competir con otros bancos por hacerse de fondeo estable, lo que en algunos casos se traduce en pesos en cuentas a la vista y en la mayoría en depósitos remunerados aunque menos que los plazos fijos convencionales. El diario BAE Negocios pudo saber que casi 2% de los plazos fijos en la insititución responde a depósitos judicales, y que estos se remuneran con una tasas del 101% nominal anual, inferior al 110% de los plazos fijos convencionales y, si por orden del juez fuera un plazo fijo UVA, estos no tienen el spread extra de tasa del 3% de sus pares para personas físicas. Es que además, no todos se remuneran, solo los que cuenten con orden del juzgado, que son la amplia mayoría.
“También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”, señala el artículo que Milei busca derogar.
Claramente una señal de desfinanciamiento y vaciamiento de la entidad con vistas a una supuesta futura venta. El decreto anticonstitucional ya fue denunciado en la justicia y el miércoles próximo marchará la CGT al palacio de Tribunales para exigir que cumpla su función de advertir este avasallamiento por sobre el Congreso de la Nación.
