La Secretaría de Comercio dispuso la derogación de 69 normas con el fin de avanzar hacia un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente" según indican.
De esta forma, se ven afectados los controles de precios en supermercados, la obligación del abastecimiento y los aumentos en la educación privada y la salud, entre otros.
Analistas advirtieron que la desregulación tiene un sesgo contrario a la protección de los consumidores y que tiene el riesgo de "profundizar el impacto regresivo" de las políticas del Gobierno, ya que puede implicar una mayor presión inflacionaria. Aunque señalan que en los hechos las derogaciones solo blanquearon algo que ya ocurría, remarcan que en caso de una devaluación en el corto plazo la remarcación de precios podrá ser mayor.
La medida se oficializó mediante la Resolución 51/2024 del Boletín Oficial y se eliminaron normas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ambas leyes que ya habían sido derogadas en el DNU impulsado por el presidente Milei a fines de diciembre.
Se quitaron el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e insumos.
Además, tanto el rubro de la salud como los colegios y universidades privadas estarán exentos de informar respecto de los aumentos de cuotas, mientras que también se eliminaron los regímenes informativos de Precios Máximos, Precios Cuidados y Precios Justos.
